Juan Carlos Hidalgo propone legalizar el comercio de cannabis recreativo en Costa Rica
- erikacortes22
- hace 6 días
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Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
El candidato del PUSC plantea una reforma integral que permitiría la venta regulada de cannabis como parte de su estrategia de seguridad y modernización del Estado.
El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, presentó oficialmente su plan de Gobierno, donde destaca una propuesta que podría transformar el panorama legal de Costa Rica: la legalización del comercio de cannabis recreativo.
Aunque el consumo personal ya es permitido en el país, la venta continúa prohibida, lo que, según Hidalgo, solo ha fortalecido al crimen organizado. Su iniciativa busca modificar el marco legal del cannabis medicinal para integrar también el uso recreativo y permitir su comercialización regulada.
La propuesta incluye la creación de un impuesto especial a la siembra y venta de cannabis recreativo, cuyos recursos financiarán el nuevo Fondo de Seguridad Nacional, un programa destinado a modernizar y equipar a las autoridades policiales.
El plan de Gobierno de Hidalgo se estructura en cuatro ejes principales: seguridad, reformas institucionales, reactivación de la agenda social y transformación económica. Dentro del apartado de seguridad también propone:
● Contratar 6.500 nuevos policías.
● Financiar al Fondo de Seguridad Nacional con la venta del Banco de Costa Rica y recursos subejecutados del Ministerio de Seguridad.
● Sacar al Ministerio Público del Poder Judicial.
● Reducir en 24 meses las listas de espera médicas (cirugías, diagnósticos y consulta especializada).
● Atender la deuda del Estado con la CCSS.
Con esta iniciativa, el candidato socialcristiano busca “emparejar la cancha” y replantear la estrategia de seguridad nacional, apostando por un modelo donde la regulación del cannabis sea parte de la solución.
La propuesta de Hidalgo abre el debate sobre el futuro del cannabis en Costa Rica: de un mercado controlado por el crimen organizado a uno regulado por el Estado para financiar seguridad, salud y reformas estructurales. Una medida que podría cambiar la dinámica social y económica del país.
