Pakistán apuesta por el cannabis industrial, pero la burocracia frena una industria de millones de dólares

Redacción: Naome Zavala  

El gobierno de Pakistán ha reafirmado su ambición de construir una robusta economía en torno al cannabis, destinando cerca de 7 millones de dólares (aproximadamente 2.000 millones de rupias) a infraestructura clave en su Programa de Desarrollo del Sector Público 2025-26. Esta significativa inversión busca financiar invernaderos para cannabis medicinal, la creación de un laboratorio nacional de análisis y el establecimiento de una Autoridad Nacional de Cannabis Industrial y Medicinal, enfocada en la investigación y el desarrollo de infraestructura. 

A pesar de esta clara apuesta financiera e institucional, el floreciente sector cannábico del país se encuentra paralizado por la ausencia de un sistema de licencias operativas. La clave de este estancamiento reside en la falta de implementación de la Cannabis Control and Regulatory Authority (CCRA), un ente regulador creado por ley en 2024. Este organismo es el único facultado para emitir licencias de cultivo y procesamiento, supervisar el cumplimiento normativo y aplicar sanciones. Sin embargo, al no haberse nombrado aún una dirección general ni haberse otorgado licencias, innumerables proyectos comerciales, especialmente en el prometedor rubro textil donde el cáñamo podría reemplazar al algodón, permanecen en el limbo. 

En contraste con la parálisis federal, la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) se ha erigido como un modelo a seguir en el impulso del cáñamo. En abril, el gobierno federal aprobó su regulación provincial bajo el marco de la CCRA, permitiendo la emisión de licencias para cultivo, producción de CBD, manufactura textil y comercio mayorista, con plazos de cinco años. Desde sus cultivos piloto iniciados en 2022, KP ha incentivado activamente el procesamiento y ha apoyado a empresas locales que ya están exportando textiles y productos de bienestar a base de cáñamo, demostrando el vasto potencial económico del sector. 

El interés estatal por el cáñamo en Pakistán no es reciente; se remonta a 2020 con la aprobación de cultivos industriales bajo el gobierno de Imran Khan. Esta visión se expandió con Shehbaz Sharif y se consolidó en la ley de 2024, la cual establece un límite de THC del 0.3%, incluye rigurosos estándares de seguridad, ofrece incentivos productivos y fomenta la coordinación con la Fuerza Antinarcóticos. Este marco legal demuestra una clara intención de desarrollar una industria controlada y rentable. 

El potencial económico del cannabis legal en Pakistán es innegable. Las proyecciones estiman que podría generar hasta 1.000 millones de dólares anuales, lo que no solo reduciría la histórica dependencia del algodón, sino que también contribuiría significativamente a las reservas de divisas del país. Además, su rápido crecimiento, bajo consumo hídrico y notable resistencia climática convierten al cáñamo en una alternativa viable y sostenible para la transición agrícola de Pakistán. Con inversiones ya en marcha y un éxito probado a nivel provincial, el camino hacia una robusta economía cannábica está trazado, pero su completa realización pende de un hilo burocrático: la activación total del organismo regulador nacional.