Hacia la desmitificación del cannabis: el giro histórico en la política de drogas de Estados Unidos

Redacción: Michelle Velázquez Belmont 

El Departamento de Justicia de EE. UU. mueve la marihuana a la Lista III. Conoce el impacto médico, legal y la promesa cumplida de Trump en este 2026. 

La reciente determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de modificar el estatus legal de la marihuana representa un punto de inflexión histórico en la normativa de estupefacientes del país. Bajo la dirección del Fiscal General Interino, Todd Blanche, se ha formalizado el traslado de los productos derivados del cannabis —específicamente aquellos regulados por la FDA o con licencias estatales de uso terapéutico— desde la Lista I hacia la Lista III.  

Este ajuste significa que la sustancia deja de ser percibida legalmente como un narcótico de extrema peligrosidad y sin valor médico, categoría que compartía con la heroína, para situarse en un nivel similar al de fármacos recetados como el Tylenol con codeína. Esta medida responde a una directriz emitida el año anterior por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo declarado ha sido facilitar la investigación científica y expandir las alternativas de tratamiento para la población estadounidense. 

A pesar de que el consumo de marihuana continúa bajo una prohibición general en el ámbito federal, la realidad sobre el terreno es distinta, pues la mayoría de las jurisdicciones estatales ya han implementado sus propios marcos legales para el uso medicinal o recreativo. La decisión de Blanche busca mitigar esta contradicción, permitiendo que la comunidad médica acceda a datos más rigurosos sobre la seguridad y el rendimiento terapéutico de la planta. 

El anuncio también contempla la realización de una audiencia pública en junio, paso fundamental en el proceso administrativo para debatir si esta reclasificación debe extenderse a todas las formas de marihuana sin excepción. Sin embargo, la implementación no será inmediata; tras su publicación oficial, se abrirá un periodo de espera y posibles desafíos judiciales que podrían postergar la entrada en vigor de la norma durante un tiempo considerable. 

Este movimiento administrativo se produce en un contexto de apertura hacia terapias alternativas, ocurriendo apenas unos días después de que el Ejecutivo firmara órdenes para agilizar el acceso a sustancias psicodélicas con fines curativos. Históricamente, desde la década de los setenta, el cannabis estuvo estigmatizado bajo una clasificación que negaba cualquier beneficio clínico, lo que generó un complejo entramado de regulaciones contradictorias entre los estados y el gobierno central. Esta disparidad ha castigado especialmente a las empresas del sector, que enfrentan severos obstáculos en materias fiscales y bancarias debido a la rigidez de las leyes federales. 

Si bien sectores críticos y organizaciones como Norml consideran que este cambio posee un carácter principalmente simbólico, subrayan su importancia para romper el bloqueo ideológico en el Congreso. Al despojar a la marihuana de la etiqueta de la Lista I, se elimina el argumento técnico que muchos legisladores utilizaban para evitar el debate sobre una reforma integral.  

No obstante, los defensores de la legalización advierten que mover la sustancia a la Lista III no resuelve el problema de fondo. Para estos grupos, la verdadera solución radica en la desclasificación total a nivel federal, lo que permitiría establecer un marco regulatorio uniforme que garantice transparencia y seguridad jurídica en todo el territorio nacional, superando finalmente el modelo de control establecido hace más de medio siglo.