Crimen impactante en Montevideo impulsó cambio histórico en política de Uruguay
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Redacción: Amairany Ramírez
El 11 de mayo de 2012, un violento asalto a una pizzería muy conocida en Montevideo desencadenó una crisis de seguridad y provocó un debate nacional que culminó en una política de drogas innovadora que captó la atención mundial. Dos jóvenes ingresaron al local "La Pasiva" en la intersección de 8 de Octubre y Garibaldi, pidieron una bebida y, sin mediar palabra, uno de ellos disparó contra uno de los empleados detrás del mostrador.
La víctima fue Gastón Hernández, un hombre de 34 años y padre de cinco hijos, quien falleció en el lugar. Los asaltantes huyeron tras llevarse el dinero de la caja registradora. El suceso fue captado por cámaras de seguridad y las imágenes se difundieron ampliamente en los noticieros, generando una fuerte conmoción e indignación pública en Uruguay.
Este crimen evidenció la creciente preocupación por la inseguridad y la violencia ligada al narcotráfico en el país. La presión social aumentó, y la oposición intensificó sus críticas hacia el entonces Ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Ante este panorama, el presidente José Mujica, fallecido recientemente a los 89 años, reconoció la necesidad de actuar, pero decidió tomarse un tiempo para analizar la situación en profundidad antes de tomar medidas. Mujica se reunió en secreto con sus ministros más cercanos en múltiples ocasiones para discutir cómo abordar la crisis de seguridad, evitando la prensa.
Un actor clave en estas discusiones fue Eleuterio Fernández Huidobro, Ministro de Defensa y colaborador cercano de Mujica. Fernández Huidobro sostenía que la forma más efectiva de combatir el narcotráfico no era principalmente a través de la represión, sino minando su base económica, es decir, quitándoles mercado. Comparó la situación con la Ley Seca en Estados Unidos, argumentando que la prohibición solo fomentaba el tráfico ilegal.
Esta idea, que buscaba "pegarle en el bolsillo al narcotráfico", se convirtió en la fundamentación principal detrás de la propuesta de legalizar la marihuana. Las autoridades llegaron a creer que no existían argumentos sólidos para mantener la prohibición del cannabis, siendo esta la sustancia más prevalente en el mercado ilegal. Creían que la prohibición impulsaba a las drogas a venderse solo en la oscuridad.
Más de un mes después del asalto, el 19 de junio de 2012, el presidente Mujica se dirigió al país y habló de una crisis de convivencia. Reflexionó que la vida era el valor supremo y que "ni la droga ni la cárcel pueden ser una opción. Son una desgracia". Aunque aún no mencionaba la marihuana directamente, la propuesta ya se estaba gestando en reserva.
La ley que legalizó la marihuana en Uruguay fue aprobada en 2013. La implementación del sistema de venta legal comenzó durante el siguiente gobierno, presidido por Tabaré Vázquez, y continuó bajo la administración actual de Luis Lacalle Pou.
Desde la implementación, el sistema ha permitido que más de 75.000 personas se registren para comprar cannabis en farmacias autorizadas. Además, cerca de 15.000 personas se han inscrito en clubes de membresía para el cultivo y consumo colectivo, y 11.465 personas están habilitadas para el cultivo doméstico. Actualmente, hay 40 farmacias habilitadas para la venta.
La medida fue vista internacionalmente como un paso pionero en América Latina y generó comparaciones con países como Países Bajos. La propuesta suscitó un debate global, con elogios a la valentía de Uruguay y preocupaciones sobre sus consecuencias. Sin embargo, el compromiso con la legalización se mantuvo firme, marcando un punto de inflexión en la política de drogas regional.
