Suprema Corte de México invalida el límite de 5 gramos para posesión de cannabis sin fines de venta
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Redacción: Eduardo Nolasco
La SCJN determina que castigar penalmente la posesión de cannabis superior a 5 gramos para uso personal vulnera derechos fundamentales en México
Un giro radical en la política de drogas ha sacudido las estructuras judiciales del país, estableciendo un precedente que favorece directamente la autonomía ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que el artículo de la Ley General de Salud que castiga penalmente la posesión de más de cinco gramos de cannabis es inconstitucional, siempre que se trate de uso personal. Esta maniobra legal pretende desactivar el uso del sistema penal como una herramienta de hostigamiento contra los usuarios, enfocando los esfuerzos del Estado en combatir el verdadero crimen organizado. Con esta resolución, la balanza de la justicia se inclina hacia el libre desarrollo de la personalidad, dejando atrás un enfoque punitivo que ha saturado los juzgados con casos que no representan un peligro real para la salud pública.
El corazón de este fallo radica en que el simple pesaje de la sustancia no es evidencia suficiente para presumir que un ciudadano intenta comercializarla. Al eliminar esta barrera de los cinco gramos, la Corte exige ahora que las fiscalías demuestren una intención real de venta antes de proceder con una imputación criminal. Los juristas encargados del proyecto han señalado que estas acciones están alineadas con una visión de justicia restaurativa que busca elevar la dignidad del individuo por encima de prejuicios históricos. La meta es estabilizar el entorno legal para que el consumidor no sea tratado como un delincuente, permitiendo que la sociedad transite hacia una regulación mucho más madura, transparente y respetuosa de las libertades individuales básicas.
Los expertos en políticas públicas han enfatizado que la vialidad de este cambio dependerá de una limpieza profunda en los protocolos de actuación de las policías municipales y estatales. Los reportes de colectivos sociales han respondido positivamente, percibiendo este avance como un blindaje necesario contra la extorsión y la detención arbitraria de jóvenes en espacios públicos. Esta transición hacia una óptica de derechos humanos se presenta como un pilar fundamental para dar continuidad a la reforma integral de la justicia que el país requiere urgentemente. Al fortalecer el marco de protección para el usuario, se genera un entorno de mayor seguridad jurídica donde la ley deja de ser un obstáculo para la libertad y se convierte en una herramienta de protección para los sectores más vulnerables.
Observadores internacionales advierten que el éxito de esta jurisprudencia dependerá de que no se generen vacíos legales mientras el Legislativo finaliza la normativa comercial. Persisten retos importantes como la educación de la población sobre los nuevos alcances de la ley y la necesidad de que el aumento en la libertad personal se acompañe de servicios de salud accesibles para quienes lo requieran. Los próximos meses serán determinantes para observar si estas gestiones logran consolidar una verdadera cultura de paz y fortalecer la situación de México como un referente en la reforma de políticas de drogas a nivel latinoamericano. Con una visión estratégica, este fallo de la Corte no solo libera a los consumidores de una carga penal injusta, sino que redefine lo que significa ser un ciudadano libre en el México contemporáneo.
