Rastafari vs. prisión: La corte suprema decide si afeitar el cabello es una violación de derechos religiosos

Redacción: Naome Zavala  

Rastafari vs. prisión

La Corte Suprema de Estados Unidos ha puesto en su agenda un caso que podría redefinir los límites de la libertad religiosa dentro del sistema penitenciario. Se trata de la demanda de Damon Landor, un devoto rastafari que busca justicia contra funcionarios de una prisión en Luisiana que, según su denuncia, le afeitaron las rastas a la fuerza mientras estaba bajo custodia. Este litigio no es solo sobre un corte de cabello; es una prueba crucial para una ley federal de hace 25 años que protege los derechos religiosos de los reclusos. 

La historia de Landor comenzó en 2020, durante una condena de cinco meses por posesión de drogas. Fiel a su fe rastafari, Landor había prometido años atrás no cortarse el cabello. Sin embargo, su compromiso religioso fue brutalmente ignorado semanas antes de su liberación, al ser trasladado a una nueva prisión. A pesar de presentar una orden judicial de 2017 que protegía las rastas de los reclusos, los guardias la desecharon. La confrontación escaló cuando fue esposado a una silla y sometido a un afeitado forzado. 

Tras su salida de prisión, Landor interpuso una demanda contra los funcionarios, invocando una ley federal diseñada para proteger los intereses religiosos de los encarcelados. Sin embargo, los tribunales inferiores desestimaron su caso, dictaminando que dicha ley no permite demandas por daños y perjuicios contra los funcionarios de prisiones, a pesar de que un tribunal reconoció que Landor había sufrido un "grave agravio legal". El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., aunque "condenó enfáticamente" el trato recibido por Landor, se vio obligado por precedentes anteriores a fallar en su contra. 

La clave del debate en la Corte Suprema gira en torno a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa en las Prisiones (RLUIPA), firmada por el presidente Bill Clinton en el año 2000. Si bien esta ley bipartidista busca salvaguardar la libertad religiosa de los reclusos estatales, la pregunta es si otorga a las víctimas el derecho a reclamar indemnizaciones monetarias. Un precedente de la propia Corte Suprema de 2020, relacionado con una ley similar, sugiere que sí. Los abogados de Landor argumentan que "sin un recurso por daños y perjuicios", los presos "a menudo se quedarán sin una protección significativa para su ejercicio religioso", ya que no hay otra forma de compensar un daño tan personal y ya consumado. 

Los abogados de los funcionarios de Luisiana han surgido a la Corte a no aceptar el caso, alegando que Landor podría buscar remedio a través de leyes estatales. Además, han advertido sobre las posibles repercusiones en la gestión penitenciaria: permitir la demanda, dicen, podría "reducir los niveles de personal y disuadir a los solicitantes de empleo", lo que a su vez "conduciría inevitablemente a peores condiciones penitenciarias y quizá a una menor protección de la libertad religiosa". A pesar de estas preocupaciones, la administración de Trump, a través del procurador general D. John Sauer, había presionado para que el caso fuera revisado, destacando el interés federal en asegurar que las instituciones que reciben fondos públicos no obstaculicen el ejercicio religioso. La decisión de la Corte Suprema en este caso podría tener un impacto profundo en cómo se interpretan y protegen los derechos religiosos de los reclusos en todo el país.