Agua para todos Por Juan Carlos Valencia La semana pasada comentamos que, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 24 por ciento de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática "alta" y "muy alta", lo que supone la probabilidad de sufrir daños humanos y materiales con los cambios del clima. Los impactos, paradójicamente, pueden ser en dos sentidos. Si nos referimos a inundaciones, en México impactan en promedio cinco ciclones tropicales cada año y pueden desencadenar desastres de gran magnitud; 17 entidades federativas concentran el mayor impacto histórico y las más vulnerables son Veracruz, Tabasco y Chiapas. También se esperan efectos inversos: los pronósticos indican que el cambio climático y el cambio de uso de suelo afectarán de manera significativa a los recursos hídricos y a las fuentes de abastecimiento de agua en todas las regiones del país. Se estima que, para fines de siglo, las lluvias tenderán a disminuir hasta en 30 por ciento en los estados del Noroeste en invierno, y en los estados del Sureste, en verano. Al mismo tiempo, se proyectan aumentos de temperatura con respecto al siglo anterior de hasta 5 grados Celsius en algunas zonas del país y el escurrimiento podría disminuir hasta 7 por ciento para el año 2030. A nivel global, los países han considerado asunto de seguridad nacional la atención a los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos, los que se espera ncrementen en magnitud y frecuencia por los efectos del cambio climático, por lo cual es necesario mejorar las estrategias para prevenir impactos, proteger a la población y apoyar la organización comunitaria. El reto es gestionar los recursos hídricos del país en condiciones de incertidumbre climática y con una visión preventiva de largo plazo, que permita disminuir el riesgo por inundaciones y sequías, al tiempo de reducir la vulnerabilidad y construir capacidades de adaptación frente al cambio climático. El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 dice que se enfocarán los esfuerzos en delimitar cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional y sus zonas federales; en fortalecer los sistemas de alerta temprana, y en las acciones de prevención y mitigación en caso de emergencias por fenómenos hidrometeorológicos. También se elaborarán y actualizarán los atlas de riesgos hidrometeorológicos; se fortalecerán programas y acciones contra la sequía; se revisarán los protocolos de operación de la infraestructura hidráulica y se adecuarán las reglas de operación de los fondos de desastre (¡sí, esos que desapareció el presidente!) para agilizar su aplicación e incentivar la prevención. Para proteger centros de población y zonas productivas y reducir las pérdidas humanas y materiales derivadas de sequías e inundaciones, se desarrollarán proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura en cauces, utilizando Soluciones Basadas en la Naturaleza. Es necesario priorizar la prevención, identificar y proteger zonas naturales que permiten regular escurrimientos y mitigar los impactos de inundaciones; fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno para atender emergencias; reforzar el equipamiento para la atención de emergencias y ampliar la capacidad de los Centros Regionales de Atención de Emergencias, así como promover la construcción de capacidades en diversos sectores para atender a la población en caso de emergencias y apoyar la organización comunitaria para enfrentar los desastres.