​La paradoja cannábica de la CDMX: Tolerancia sin marco legal expone a los consumidores

​​Redacción: Raquel García

La política de tolerancia de cannabis en CDMX es una "tregua" sin sustento legal. El vacío perpetúa el riesgo de detenciones arbitrarias y la exposición a productos adulterados. 

​La política de regulación de cannabis implementada en la Ciudad de México bajo la administración de Clara Brugada, que estableció en agosto de 2025 varios puntos de consumo tolerado, ha generado una paradoja legal que, según expertos, deja a los usuarios expuestos a mayores riesgos. Aunque se busca proyectar una imagen progresista, la ausencia de una reforma de fondo mantiene la posesión y el consumo de marihuana en un vacío legal que perpetúa la criminalización y la vulnerabilidad. 

​El abogado Arturo Ochoa, titular del despacho Abogados Cannábicos de México, subraya que la problemática es de carácter estructural. Los tres espacios de tolerancia habilitados en la alcaldía Cuauhtémoc (Plaza de la Concepción, Monumento a Simón Bolívar y Plaza de Lectura José Saramago) carecen de un sustento legal sólido. Ochoa los define como una mera "tregua" política entre colectivos y autoridades, dado que no existe ninguna ley federal o local que autorice formalmente el consumo de cannabis en la vía pública. 

​La principal consecuencia de este vacío legal se materializa en la tensión diaria que enfrentan los usuarios. Ochoa ha documentado que, mientras dentro de los puntos designados la intervención policial es nula, en las calles aledañas y circundantes se producen detenciones arbitrarias a los asistentes. El riesgo de abuso policial es alto; el abogado, basándose en su experiencia previa, señala que la posesión de incluso un solo cigarro de marihuana sigue siendo un pretexto recurrente para la detención, la siembra de mayores cantidades de narcóticos, o la fabricación de delitos de narcomenudeo. 

​Otro fallo crucial de la política de tolerancia es la omisión del aspecto más sensible: la distribución. El gobierno permite el consumo, pero no aborda cómo y dónde los usuarios adquieren el producto, perpetuando la criminalización de la compraventa. 

​Las redes de distribución han proliferado, abarcando desde el comercio informal en mercados y smoke shops (donde se venden productos adulterados o contaminados, incluso se han detectado vapeadores con fentanilo) hasta canales altamente sofisticados. Se ha identificado la expansión de la venta a través de aplicaciones de mensajería, así como el uso de deliveries encubiertos con mochilas de servicios legítimos. 

​Ochoa concluye que la solución no pasa por "treguas" simbólicas o el fomento del autocultivo (el cual considera inviable para la mayoría de la población por falta de tiempo, recursos y acceso legal a semillas), sino por una regulación integral. El experto propone tres medidas esenciales: armonizar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con las resoluciones de la Suprema Corte, crear un sistema de licencias y trazabilidad, y establecer protocolos claros de actuación policial y ministerial.