Ghana regula el cannabis y abre debate sobre la justicia

Redacción: Samuel Giraldo 

Ghana inicia la implementación de licencias para cannabis industrial tras la aprobación parlamentaria. El movimiento Economic Fighters League exige amnistías, revisión de condenas y reparaciones. 

La reciente exigencia de una organización política en Ghana surgió tras el anuncio de la Narcotics Control Commission (NACOC), que informó el inicio de la implementación del nuevo sistema de licencias luego de que el Parlamento aprobara el marco regulatorio y la estructura de costos correspondiente. Este paso marca una nueva etapa en la política sobre el cannabis en el país africano, al establecer condiciones claras para su producción y comercialización bajo estrictas reglas. Sin embargo, también ha abierto un debate profundo sobre las implicaciones sociales y penales de este viraje normativo. 

De acuerdo con la Comisión, el esquema autoriza exclusivamente el cultivo y manejo de cannabis con un contenido de THC que no supere el 0.3%, lo que lo ubica dentro de los parámetros del cáñamo industrial. Además, se exige trazabilidad completa del producto, protocolos rigurosos de seguridad y estándares de calidad definidos. Las solicitudes deben tramitarse únicamente a través del Departamento de Regulaciones de Cannabis del propio organismo, lo que busca centralizar y supervisar el proceso. La entidad también reiteró que el uso recreativo continúa prohibido, dejando claro que la reforma no implica una liberación total, sino una regulación limitada y controlada. 

Para la Economic Fighters League (EFL), colectivo político y juvenil con presencia activa en el debate público, esta decisión administrativa no puede analizarse de manera aislada. En su posicionamiento oficial, el movimiento señaló que durante años defendió la necesidad de revisar la criminalización del cannabis, postura que fue objeto de burlas y descalificaciones. A su juicio, la nueva regulación evidencia contradicciones en la política previa y obliga al Estado a asumir responsabilidades frente a quienes fueron procesados penalmente bajo el antiguo enfoque. Entre sus principales demandas se encuentra la activación de mecanismos de justicia restaurativa, la revisión de condenas por posesión o cultivo a pequeña escala, la eliminación de antecedentes por infracciones menores y la concesión de amnistías a personas encarceladas por delitos no violentos vinculados a esta sustancia. 

El movimiento también puso el foco en las consecuencias acumuladas de las campañas de erradicación y quema de plantaciones en comunidades rurales. Más allá de las cifras de arrestos, estas acciones afectaron economías familiares enteras y profundizaron desigualdades. Por ello, la EFL propuso incluir reparaciones para agricultores que perdieron sus medios de subsistencia, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de que el nuevo mercado regulado quede en manos de actores en mayor capacidad financiera. El costo de ingreso al sistema será determinante, especialmente en un país donde se discutieron borradores con tarifas que iban desde 9,000 dólares por un acre hasta 45,000 dólares por hectárea, además de un pago anual equivalente al 20% del valor de la licencia. Estas cifras podrían excluir a pequeños productores y favorecer una concentración económica. 

El debate en Ghana no se limita al acceso comercial, sino que también aborda la cuestión de la reparación histórica. En Estados Unidos, el estado de Maryland se convirtió en un referente reciente tras anunciar medidas de clemencia para personas con antecedentes por delitos relacionados con cannabis. El gobernador Wes Moore informó en junio de 2025 un indulto colectivo que benefició a miles de ciudadanos, sumándose a acciones previas que habían anulado condenas menores. Este antecedente ofrece un contraste significativo frente al escenario ghanés, el conocido como “oro verde” podría transformarse simplemente en un cambio de actores económicos, sin que exista una verdadera reparación para quienes enfrentaron sanciones bajo el régimen anterior.