Redactor: Sam Torne
Uruguay, pionero en la regulación del cannabis desde 2013, entra en una nueva etapa política con Yamandú Orsi, del Frente Amplio, como presidente. Tras más de una década de implementación de la Ley 19.172, el futuro de la política cannábica podría tomar rumbos innovadores, enfrentando retos y explorando nuevas oportunidades. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el enfoque empresarial predominó en la gestión del cannabis. Tres empresas controlan el cultivo y la distribución para farmacias, mientras que los clubes cannábicos y autocultivadores enfrentan restricciones legales y operativas.
Esta estructura ha generado tensiones entre sectores: las empresas critican la falta de fiscalización de los clubes, y los usuarios reclaman mayor calidad en el producto vendido en farmacias. Con el regreso del Frente Amplio, se espera un cambio en la balanza. Según expertos, el gobierno podría flexibilizar las restricciones de THC y mejorar las condiciones de acceso para los usuarios legales. Además, se plantea priorizar a los consumidores por encima de los intereses empresariales, un tema que genera amplio debate en el ecosistema cannábico.
Aumentos en la criminalización: un desafío pendiente
Uno de los aspectos más criticados en los últimos años ha sido el aumento de las penas por microtráfico, con condenas severas por cantidades mínimas de cannabis. Activistas como Rosina Yemini destacan la necesidad de un enfoque más humano en la regulación. Se espera que el nuevo gobierno reevalúe estas políticas para reducir la criminalización y los vacíos normativos que afectan a cultivadores y consumidores.
A pesar de las diferencias ideológicas, el cannabis ha logrado un consenso político en Uruguay. Tanto la izquierda como la derecha han evitado retrocesos significativos en la regulación. Según Diego Olivera, senador suplente y figura clave en el Frente Amplio, el cannabis se considera una política de Estado, integrándose de manera estable en las políticas públicas uruguayas, sin embargo, queda mucho por hacer en temas como el turismo cannábico, la ampliación de los puntos de venta y la mejora de la oferta en relación con la demanda. Estas áreas podrían convertirse en prioridades para el nuevo gobierno.
El programa del Frente Amplio incluye propuestas como el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Drogas y la implementación de políticas de reducción de daños. Además, el turismo cannábico surge como una posibilidad para atraer inversiones y dinamizar la economía. No obstante, la administración de Orsi deberá equilibrar intereses empresariales, sociales y regulatorios para avanzar en una política inclusiva y efectiva.
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