El equilibrio de la seguridad jurídica y el desarrollo del mercado de cannabis

Redacción: Michelle Velázquez Belmont 

Cannabis en México: Vacío legislativo, propuesta de autorregulación civil para consumo adulto, mercado negro, trazabilidad y reglas en la industria del cannabis. 

El consumo de cannabis con fines recreativos en el territorio mexicano se encuentra inmerso en una profunda incongruencia jurídica y operativa que las autoridades legislativas no han logrado solventar. A pesar de que el máximo tribunal de justicia del país determinó en el año 2021 que la prohibición total de esta sustancia vulneraba los derechos constitucionales, instruyendo formalmente al Poder Legislativo a desarrollar un marco normativo adecuado, los congresistas han postergado indefinidamente la creación de una ley general.  

Esta omisión ha generado un escenario paradójico donde el derecho individual al consumo está legalmente respaldado y se puede ejercer mediante autorizaciones de las autoridades sanitarias, pero toda la cadena económica circundante, que incluye la comercialización, adquisición y distribución, carece de sustento legal y permanece catalogada como una actividad ilícita.  

Frente a este prolongado vacío institucional, la organización civil denominada Consumidores Lúdicos de México, fundada originalmente en el año 2017, ha diseñado una estrategia alternativa fundamentada en principios de gobernanza interna en lugar de esperar la apertura de un mercado formal.  

Los impulsores de esta iniciativa argumentan que la falta de un reglamento claro no inhibe el consumo, sino que desprotege activamente a los ciudadanos que eligen utilizar la planta de forma responsable. Al obligar a los usuarios a recurrir a redes clandestinas para abastecerse, el Estado los expone a mercancías de procedencia desconocida, carentes de controles de calidad, con concentraciones de potencia que no se pueden medir y con el riesgo latente de contener pesticidas, hongos u otros elementos nocivos. En consecuencia, la ilegalidad actual atenta directamente contra el bienestar público. 

Para mitigar estos riesgos, la asociación ha desarrollado un modelo inspirado directamente en los sistemas de cumplimiento corporativo aplicados comúnmente en los sectores financiero y ambiental. Esta propuesta de gestión interna busca que las propias agrupaciones de consumidores adopten protocolos estrictos de autoevaluación, registros detallados y auditorías constantes, garantizando la seguridad del proceso sin la necesidad de una supervisión gubernamental directa. 

Bajo un esquema específico que han denominado Barba Rossas, se implementan rigurosas medidas de control que abarcan el seguimiento puntual de cada lote de producción, la comprobación estricta de la mayoría de edad de los integrantes y la difusión de guías informativas sobre los componentes y el uso seguro de los productos. Asimismo, se aplican normativas comunitarias muy severas que prohíben estrictamente la comercialización con fines de lucro, asegurando que el objetivo de la organización se mantenga estrictamente enfocado en el beneficio colectivo, el autocuidado y el consumo compartido.