Tailandia: Del paraíso a la cautela ¿Cómo cambió la venta de cannabis en el país?

Redacción: Fer Valdep 

Tailandia tuvo durante décadas una política muy estricta contra el cannabis, con penas severas por posesión y venta. Ese marco comenzó a cambiar en 2018, cuando el gobierno permitió el uso medicinal de la planta, y dio un giro mayor en 2022, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos retiró al cannabis y al cáñamo de la lista de narcóticos categoría 5. La decisión de 2022 abrió la puerta a un acceso mucho más amplio: salvo menores de 20 años y mujeres embarazadas o en lactancia, en la práctica muchos podían cultivar, comprar, vender y consumir la sustancia. 

La despenalización provocó una rápida proliferación de comercios y productos: tiendas, cafeterías y otras ofertas vinculadas a la planta aparecieron con fuerza en zonas turísticas y mercados urbanos. Esta expansión expuso claras lagunas regulatorias: normas confusas, controles irregulares sobre la procedencia y el etiquetado de productos, y una oferta que a menudo excedía lo imaginado por los legisladores al abrir la puerta al uso medicinal. 

Los efectos negativos se hicieron sentir pronto. Autoridades y sectores de la sociedad señalaron problemas como el aumento de puntos de venta no regulados, la presencia de productos con niveles de THC no controlados, y un acceso más fácil para poblaciones vulnerables. Además, la expansión desordenada provocó inquietud por el impacto en menores y por incidentes ligados al turismo. Frente a ello, se empezó a cuestionar que la despenalización se hubiera implementado sin un marco sanitario y de control sólido.  

En respuesta a esas preocupaciones, en junio de 2025 el nuevo gobierno promulgó normas que devolvieron muchas restricciones al sistema: los dispensarios y comercios vieron limitadas sus posibilidades de venta, y se exigió que esta se atara a prescripciones médicas y a controles más estrictos de suministro y etiquetado. Lo que había parecido una liberalización amplia fue parcialmente revertido con medidas que buscan poner la venta bajo supervisión sanitaria y administrativa. 

Hoy la situación es más regulada: la venta al por menor quedó supeditada a requisitos médicos y administrativos, y solo quienes cumplen estos (usuarios con receta o prescripción válida según las normas vigentes) pueden acceder legalmente a determinados productos. Pese a ello, el mercado informal y algunos vendedores siguen violando la normativa actual, comercializando sin receta, ofreciendo presentaciones no autorizadas o eludiendo controles de trazabilidad, lo que mantiene la tensión entre los comercios y las autoridades. 

Ante las nuevas reglas, las autoridades han anunciado sanciones administrativas, penalizaciones para quienes incumplan la normativa (incluyendo multas y otras medidas), han puesto énfasis en el control de la cadena de suministro y en la protección de menores y poblaciones vulnerables. Con estos cambios, Tailandia ya no es un lugar donde la venta y el consumo sin restricciones sean aceptados: la fase de apertura masiva dio paso a un intento de regulación más estricto y tutelado.