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Revocación de permisos de cannabis: ¿Un riesgo para pacientes en Argentina?

Redacción: Inés Arroyo 


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La reciente declaración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la posible revocación de más de 300,000 permisos del Programa Reprocann ha generado gran preocupación en Río Negro. La ministra sugirió que el gobierno planea "volver a foja cero" con los registros otorgados durante la gestión de Alberto Fernández, lo que podría afectar a miles de pacientes que utilizan cannabis con fines medicinales. 

 

Bullrich explicó que el cultivo legal de cannabis ha desembocado en un aumento del mercado ilegal, lo que debilitaría los controles establecidos. Por ello, propuso revocar los permisos existentes y reiniciar el proceso de autorización. Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por expertos en la materia, quienes consideran que la ministra está confundiendo a la población. 

 

Laura Rodríguez Caldentey, abogada de la organización Cannabis Medicinal Río Negro, señaló que las declaraciones de Bullrich carecen de fundamento. Aseguró que no hay evidencia sólida que respalde la idea de que el cannabis medicinal se haya convertido en un problema de seguridad. Según Rodríguez Caldentey, la ministra está estigmatizando a las personas que cultivan cannabis para su tratamiento, sin aportar datos concretos sobre los riesgos que señala. 

 

La Ley 27.350, sancionada en 2017, establece un marco regulatorio para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. A través del Reprocann, las personas con ciertas condiciones de salud pueden acceder al permiso para cultivar cannabis con fines terapéuticos, de acuerdo con una indicación médica. Este registro permite que los pacientes cultiven la planta y transporten productos como aceites, evitando así la persecución legal. 

 

El Reprocann ha sido un avance significativo para quienes dependen del cannabis para tratar enfermedades graves, como el dolor crónico y ciertos tipos de cáncer. Rodríguez Caldentey destacó que, si se revocan los permisos, las personas que actualmente cultivan cannabis de forma legal se verían expuestas a sanciones penales por actividades que, hasta ahora, eran permitidas por la ley. 

 

Si bien la Ley 27.350 no está exenta de críticas y puede ser perfeccionada, los defensores del cannabis medicinal advierten que no se debe volver atrás en lo ya logrado. Según Rodríguez Caldentey, la ley ha sido producto de un largo trabajo de las organizaciones sociales, que abogan por el acceso a tratamientos médicos sin ser criminalizados. 

 

Por su parte, Bullrich mencionó que el gobierno trabajaría en conjunto con el Ministerio de Salud para revisar la legislación, pero la falta de datos concretos y la ausencia de un plan claro han generado incertidumbre entre los afectados. Los expertos coinciden en que cualquier modificación a la ley debe estar basada en el diálogo y en la mejora del sistema actual, no en una regresión a etapas anteriores. 

 

En resumen, la propuesta de revocar los permisos de cannabis medicinal ha generado un fuerte rechazo en Río Negro y en todo el país. La comunidad de pacientes y organizaciones civiles aboga por la continuidad de la ley vigente y un enfoque más responsable en la regulación del cannabis medicinal. El futuro de este tratamiento en Argentina depende de un debate informado y de la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad y los derechos de los pacientes. 


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