La DEA evalúa el futuro legal del cannabis en audiencias a puerta cerrada
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Redacción Michelle Velázquez Belmont
El debate sobre el futuro legal del cannabis en Estados Unidos avanza en medio de un hermetismo institucional que ha generado fuertes críticas. Durante la segunda jornada de las audiencias federales enfocadas en la posible reclasificación de la planta, un representante de la FDA reconoció que esta no habría superado los antiguos y estrictos controles médicos vigentes hasta el año 2023. Aunque este testimonio representa un argumento valioso para los sectores que se oponen a la reforma, todavía no determina el desenlace de un procedimiento administrativo que se extenderá hasta mediados de julio.
La declaración clave provino de Dominic Chiapperino, directivo de sustancias controladas en la FDA, quien admitió bajo un tenso interrogatorio que la marihuana no cumplía con el histórico examen de cinco etapas que el gobierno estadounidense empleaba para validar el uso terapéutico de una sustancia.
Este criterio técnico fue modificado recientemente a favor de un modelo de dos fases, notablemente más flexible, el cual sirvió de base para sugerir el traslado del cannabis a la Lista III. Esta flexibilización se convirtió en el principal blanco de organizaciones prohibicionistas como Smart Approaches to Marijuana, cuyos líderes enfatizaron con insistencia que la planta habría reprobado los estándares tradicionales de evaluación.
Como contraparte, la perspectiva médica aportó matices sobre la peligrosidad real de la sustancia. El especialista Corey Burchman equiparó el proceso de abstinencia del cannabis con el sutil desvanecimiento de las brasas de una fogata, marcando una distancia abismal con los severos efectos que provocan los opioides en el organismo. Los argumentos clínicos presentados reforzaron una postura previamente documentada por diversas entidades oficiales: el impacto nocivo del tabaco y el alcohol supera significativamente al de la marihuana.
El proceso actual exhibe una evidente contradicción política. Las posturas más críticas hacia la flexibilización provienen de los propios actores que la DEA autorizó para participar formalmente en las audiencias, incluyendo a coaliciones opositoras y administraciones estatales conservadoras. En contraste, los defensores de la reforma cannábica fueron excluidos de las mesas de debate, a pesar de que el propio Poder Ejecutivo es el principal promotor del cambio de categoría legal.
A esta disparidad en la participación se añade una marcada falta de transparencia. La DEA restringió por completo el acceso audiovisual, rechazando peticiones de medios especializados y legisladores para transmitir las jornadas en vivo. Con el aforo limitado a un grupo minúsculo de asistentes, la sociedad depende exclusivamente de los reportes indirectos de los cronistas presentes.
A pesar de estas limitaciones informativas, la propuesta gubernamental sigue respaldada por un expediente que, valida las propiedades terapéuticas del cannabis para tratar el dolor crónico, la anorexia y los efectos secundarios de la quimioterapia, sugiriendo además un impacto positivo en la reducción de decesos vinculados al consumo de opioides