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Consumo al límite

Redacción: Inés Arroyo 

Consumo
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Uruguay encabeza un alarmante ranking regional de consumo de sustancias ilícitas, de acuerdo con el más reciente Informe Mundial de Drogas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El país sudamericano registra las tasas más altas de consumo per cápita de cannabis, éxtasis y opioides en América Latina, superando ampliamente a sus vecinos. 


El informe no establece una relación directa entre la legalización del cannabis en Uruguay y el aumento en el uso de otras drogas. Sin embargo, señala que el consumo de éxtasis y opioides —sustancias con efectos mucho más agresivos en la salud— se ha convertido en una fuente creciente de preocupación para autoridades y especialistas en salud pública. 


Este panorama plantea un desafío serio para el sistema de salud uruguayo. El aumento en los casos de adicción, la demanda de tratamientos especializados y el impacto social en las comunidades requieren una respuesta urgente. Expertos subrayan la necesidad de reforzar los programas de prevención y ampliar los servicios de atención y rehabilitación para atender esta tendencia. 


En paralelo, el informe de la ONUDD alerta sobre el crecimiento sostenido del tráfico de cocaína en la región. Este fenómeno, vinculado al aumento de la violencia y al fortalecimiento del crimen organizado, está generando graves consecuencias en varios países de América Latina. Las disputas entre grupos criminales, los actos de corrupción y la inseguridad afectan de forma directa a miles de ciudadanos. 


Ante esta situación, los organismos internacionales hacen un llamado a los gobiernos para implementar políticas integrales. Estas deben combinar acciones contra el narcotráfico con estrategias enfocadas en la salud pública, la educación y la cooperación regional. El problema de las drogas ya no puede tratarse como un asunto aislado, sino como una crisis que rebasa las fronteras nacionales. 


Para Uruguay, el desafío va más allá de su modelo de regulación del cannabis. Las cifras reveladas exigen una evaluación a fondo de las políticas actuales y una mayor coordinación con los países de la región para contener el avance del narcotráfico y sus efectos sociales. 


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