Coffee shops solo con cannabis legal: el nuevo modelo de Países Bajos

Redactor: Sam Torne

Los Países Bajos iniciaron una fase crucial en su experimento nacional destinado a regular el mercado del cannabis. A partir de esta fecha, aproximadamente 80 'coffee shops' en diez municipios están autorizados a vender exclusivamente cannabis cultivado por productores legales y autorizados por el gobierno. Este movimiento busca abordar la histórica paradoja de la política de tolerancia neerlandesa, donde la venta de cannabis era tolerada, pero su producción permanecía ilegal.

El programa piloto tiene como objetivo evaluar la viabilidad de un mercado de cannabis completamente regulado, garantizando la calidad del producto y reduciendo la influencia del mercado ilegal. Los municipios participantes en esta fase incluyen Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Voorne aan Zee y Zaanstad. En estas localidades, los 'coffee shops' deben abastecerse únicamente de los productores autorizados, quienes están sujetos a estrictos controles de calidad y seguridad.

A pesar de la planificación, la implementación ha enfrentado desafíos significativos. De los diez productores inicialmente seleccionados, solo la mitad operan a plena capacidad, mientras que algunos aún no han comenzado la producción. Esta situación ha generado preocupaciones sobre posibles desabastecimientos en los 'coffee shops'. Para mitigar este riesgo, el gobierno ha permitido temporalmente que el hachís, otra forma de cannabis, continúe siendo suministrado por canales no regulados hasta junio de 2025.

Este experimento representa un esfuerzo por solucionar la contradicción conocida como la «política de la puerta trasera», donde la venta de cannabis es tolerada, pero su suministro es ilegal. Al regular toda la cadena de suministro, las autoridades buscan reducir la criminalidad asociada al mercado negro y garantizar productos de calidad para los consumidores. El programa piloto está programado para durar cuatro años, durante los cuales se evaluarán sus efectos en la seguridad pública, la salud y la economía. 