El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado un proceso para clausurar decenas de clubes de cannabis en la ciudad. Hasta el momento, unos 30 recintos han recibido notificaciones para cesar sus actividades. Esta medida es parte de una campaña más amplia que podría afectar a la mayoría de estos espacios en la capital catalana.
El teniente de alcaldía y concejal de seguridad, Albert Batlle, anunció a finales del año pasado su intención de cerrar los más de 200 clubes de cannabis en Barcelona. Este plan busca una ejecución con seguridad jurídica y sin precipitación. Desde entonces, la Guàrdia Urbana ha realizado inspecciones en unos 50 clubes, incluyendo vigilancia en sus alrededores.
Los clubes que han recibido la notificación de cierre tienen 10 días para presentar alegaciones. Tras este periodo, se determinará si el cierre es definitivo o temporal, con una duración de entre seis meses y dos años. El consistorio ha explicado que la actividad inspectora continuará para asegurar el cumplimiento de la normativa.
La decisión del Ayuntamiento ha generado indignación en el sector cannábico. La CATFAC, una federación que agrupa a asociaciones de fumadores de cannabis, critica la medida, argumentando que judicializar el tema no resolverá el problema. Además, se denuncia que el cierre afecta a asociaciones con historial de colaboración con las autoridades y programas de reducción de riesgos.
El fallo del Tribunal Supremo en 2021 ratificó una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que anuló la normativa del Ayuntamiento de 2016 que regulaba los clubes de cannabis. Esto dejó a estos espacios sin un marco legal claro, permitiéndoles solo actividades informativas y de promoción de estudios sobre el cannabis.
La persecución de estos clubes en Barcelona contrasta con su prestigio en el extranjero. Varios países, como Alemania, Suiza y República Checa, están adoptando el modelo asociativo de Barcelona. A principios de este año, centenares de académicos y ONG de 53 países pidieron al alcalde de Barcelona que abandonara su postura regresiva en políticas de drogas.
Mientras el Ayuntamiento insiste en cerrar los clubes "más conflictivos", diversos actores del sector critican que todos los clubes hayan sido tratados de la misma manera. Además, algunos clubes afectados no tenían marihuana, solo cogollos con CBD, una sustancia no psicoactiva y legal.
La Generalitat de Catalunya, por su parte, financia programas de reducción de riesgos para usuarios de cannabis dentro de estos locales, lo que subraya la discrepancia entre las políticas municipales y autonómicas.
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