En Argentina, el autocultivo de cannabis medicinal ha sido un tema de debate constante, con avances legislativos importantes en los últimos años. A través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dependiente del Ministerio de Salud, se permite a los usuarios medicinales y sus cultivadores solidarios la producción y consumo de cannabis para tratamientos terapéuticos. Sin embargo, la legislación es aún reciente y existen muchos malentendidos tanto a nivel social como judicial sobre el marco regulatorio y las implicaciones del autocultivo.
El caso de una cultivadora solidaria en la provincia de Buenos Aires, que fue acusada de comercialización de estupefacientes, refleja estas tensiones. Afortunadamente, tras un largo proceso judicial, la Justicia ha decidido sobreseerla, poniendo fin a una controversia que no debió haber comenzado, según expertos legales y activistas del cannabis medicinal.
La denuncia y la intervención policial.
El caso se originó en marzo de 2022, cuando una vecina del establecimiento donde se cultivaba cannabis medicinal presentó una denuncia, argumentando que el olor de las plantas afectaba la salud de su hija. En respuesta, la fiscalía especializada en sustancias prohibidas de la provincia de Buenos Aires ordenó la intervención de la policía. Durante el operativo, se incautaron 115 plantas de cannabis, un kilo de flores secas y varios litros de aceite medicinal, todos destinados a usuarios medicinales inscritos en el REPROCANN.
La fiscalía actuó con celeridad, basándose en la denuncia presentada y la preocupación por la salud de la niña. No obstante, la falta de pruebas sólidas y científicas que respaldaran el argumento de la afectación a la salud generó cuestionamientos. Según explicó Marcela Dal Santo, abogada de la acusada, la evidencia presentada era débil: «Lo que usaron para justificar la denuncia fue un recorte de un artículo de un diario de Madrid, sin ninguna base científica aplicable al caso argentino».
La razón de la decisión judicial.
El caso fue escalando en el sistema judicial hasta que la cámara de apelaciones determinó que no existía evidencia suficiente para continuar con el proceso. El tribunal concluyó que no había pruebas de que el olor de las plantas afectara la salud de la menor y subrayó que la cultivadora actuaba en el marco legal del REPROCANN.
La abogada Dal Santo señaló que este caso es emblemático de la ignorancia generalizada respecto a la legislación sobre cannabis medicinal y la mala interpretación por parte de algunas autoridades: «La Justicia finalmente comprendió que no se trataba de un delito, sino de un acto de solidaridad y de cumplimiento de los derechos de usuarios medicinales de cannabis».
Cambios en la legislación y el REPROCANN.
Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor educación y comprensión sobre el uso y cultivo de cannabis medicinal en Argentina. En los últimos meses, el gobierno ha introducido modificaciones en el REPROCANN, limitando a los cultivadores solidarios a producir cannabis solo para dos personas como máximo. Este cambio se ha implementado para evitar la proliferación de cultivos a gran escala y garantizar que el cannabis medicinal sea utilizado exclusivamente con fines terapéuticos.
Sin embargo, cuando comenzó el proceso judicial contra la presidenta de la asociación, estas modificaciones no estaban vigentes, lo que añade una capa de complejidad al caso. Activistas del cannabis medicinal en Argentina continúan abogando por una mayor claridad en la legislación y un enfoque más informado por parte de las autoridades.
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