El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado su llamado al Congreso para que tome medidas decisivas legalizando el uso recreativo del cannabis. Según Petro, esta medida no solo representa una oportunidad económica, sino que también es un paso necesario para abordar los problemas históricos del país relacionados con el tráfico de drogas ilegales y la violencia asociada.
El llamado de Petro se produce en un momento crucial, ya que Colombia sigue consolidándose como un actor clave en el mercado global del cannabis, exportando ya a 12 países, incluidos algunos en Europa y América Latina. El presidente cree que, al legalizar el cannabis, Colombia podría capitalizar aún más esta industria en crecimiento, lo que podría mejorar sustancialmente la balanza comercial del país y generar importantes beneficios económicos.
Implicaciones Económicas y Sociales.
Petro enfatiza que la legalización del cannabis podría llevar a una Colombia más segura y próspera, especialmente en regiones como el Cauca, donde el cultivo ilegal ha alimentado la violencia. Al regular el mercado, el gobierno podría socavar el poder de los carteles de la droga, crear empleos legales y abrir nuevas fuentes de ingresos. Este enfoque sugiere, también abordaría las injusticias históricas sufridas por las comunidades rurales que han sido criminalizadas por cultivar la planta.
La propuesta del presidente no está exenta de desafíos. A pesar de los posibles beneficios económicos, intentos anteriores de legalizar el cannabis para uso adulto han fracasado repetidamente en el Congreso. El esfuerzo más reciente fracasó por solo siete votos, lo que destaca las profundas divisiones dentro de la legislatura colombiana. Los opositores a la legalización suelen citar preocupaciones sobre la salud y la seguridad públicas, argumentando que el cannabis legal podría llevar a un aumento en el consumo de drogas y problemas sociales.
Un historial de obstáculos legislativos.
Esta no es la primera vez que se debate la legalización del cannabis en Colombia. En los últimos años, se han presentado múltiples proyectos de ley, pero ninguno ha logrado navegar con éxito el proceso legislativo. La propuesta actual, de aprobarse, representaría un cambio significativo en la política de drogas de Colombia, que históricamente ha sido conservadora.
Los defensores del proyecto de ley sostienen que la legalización es una respuesta pragmática a las realidades del mercado global del cannabis y al papel de Colombia en él. También señalan que el enfoque prohibicionista actual no ha logrado reducir la violencia relacionada con las drogas y, en cambio, ha perpetuado los mercados ilegales.
El camino por delante
A medida que Petro continúa presionando por la legalización, es probable que el debate en Colombia se intensifique. El resultado dependerá no solo de la voluntad política de los legisladores, sino también de la capacidad del gobierno para abordar las preocupaciones de quienes se oponen a la medida.
Si tiene éxito, Colombia podría unirse a una lista creciente de países que han adoptado la legalización del cannabis, lo que potencialmente transformaría su economía y sociedad de manera profunda. Sin embargo, como demuestran los recientes contratiempos legislativos, el camino hacia la legalización está plagado de desafíos y requerirá un apoyo político y público significativo para convertirse en realidad.
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