Movilización nacional por cannabis medicinal: ¿Cuál es el futuro del Reprocann en Argentina?

Redactor: Sam Torne 

En los últimos años, Argentina ha experimentado avances significativos en la regulación del cannabis medicinal. La Ley 27.350, sancionada en 2017, estableció un marco para la investigación médica y científica del uso terapéutico del cannabis. Posteriormente, en 2020, se promulgó una reglamentación que permitió a productores y comercializadores privados desarrollar estrategias para garantizar la seguridad y calidad en la cadena productiva del cannabis. 

Sin embargo, recientes modificaciones han generado preocupación entre usuarios y organizaciones. En agosto de 2024, el gobierno implementó la Resolución 3132/2024, que impuso restricciones adicionales al acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Entre los nuevos requisitos se incluyen la ausencia de antecedentes penales y la exigencia de que los profesionales médicos cuenten con una diplomatura o maestría específica en el uso medicinal del cannabis. 

Convocatoria a la marcha del 27 de Febrero 

Ante este panorama, diversas organizaciones y usuarios de cannabis medicinal han convocado a una movilización para el jueves 27 de febrero de 2025. Bajo la consigna «Marchamos por el derecho a la salud», la concentración se llevará a cabo a las 18:00 en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada en General Paz 400, en la capital de Tucumán. 

Luciano Lizárraga, presidente de la Cámara Tucumana de Cáñamo y Cannabis, destacó que esta convocatoria es de alcance nacional y busca defender la salud pública. Lizárraga señaló que las recientes restricciones dificultan el acceso a tratamientos y al autocultivo de cannabis, debido a demoras injustificadas en las autorizaciones por parte del Ministerio de Salud. 

Desafíos en el Desarrollo Industrial del Cannabis 

Además de las trabas para los usuarios medicinales, el sector industrial del cannabis enfrenta obstáculos significativos. Felipe Herrera Locascio, presidente de la Fundación Yungannabis, denunció que numerosos proyectos aprobados por el Ministerio de Salud, el INASE y el CONICET se encuentran paralizados. De los 56 emprendimientos inicialmente autorizados, la mayoría ha cesado sus actividades, poniendo en riesgo inversiones y avances en investigación. 

Entre las medidas gubernamentales que afectan al sector se encuentra la suspensión, por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la inscripción de variedades genéticas con alto contenido de THC. Esta decisión pone en jaque el trabajo de fitomejoradores locales y limita el desarrollo de productos medicinales efectivos. Asimismo, la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis y Cáñamo (ARICCAME) ha priorizado el cáñamo industrial sobre el cannabis medicinal, generando incertidumbre en el sector.