Redacción Laura
En el escenario mundial, el debate sobre el cannabis ha pasado de ser tabú a ocupar un espacio de discusión centrado y progresivo. Los países que han optado por modernizar sus políticas de cannabis están demostrando que este cambio no solo es beneficioso para los consumidores y la floreciente industria del cannabis, sino que también tiene efectos positivos a nivel social.
La ola de legalización que ha recorrido desde Uruguay hasta países europeos como Malta y Luxemburgo, ha traído consigo transformaciones palpables. Canadá, uno de los pioneros en esta transición, ofrece un ejemplo claro de los beneficios multifacéticos de estas reformas.
Recientemente, un estudio canadiense detallado que se extendió desde 2015 hasta 2021, reveló el efecto directo de la Ley de Cannabis, implementada en 2018, sobre el sistema de justicia penal del país. Las conclusiones fueron alentadoras: los delitos relacionados con el cannabis experimentaron una disminución significativa después de la legalización. Sorprendentemente, esta reducción no generó un aumento en otros tipos de delitos, como los delitos violentos o de propiedad.
El mensaje detrás de estos resultados es claro: las antiguas políticas de prohibición del cannabis eran ineficientes y drenaban recursos valiosos. Ahora, Canadá no solo ha reducido la criminalización relacionada con el cannabis, sino que también ha recaudado ingresos fiscales que se están reinvirtiendo en la sociedad. Estos fondos, que anteriormente se desperdiciaban en la aplicación de medidas ineficaces, ahora se destinan a proyectos cívicos, educación e infraestructura.
Sin embargo, la resistencia al cambio persiste en muchos lugares. Pero es esencial comprender que las políticas progresivas de cannabis no solo están dirigidas a beneficiar a la industria y a los consumidores. Benefician a la sociedad en su conjunto, evitando el despilfarro de recursos judiciales y fomentando el desarrollo económico y social.
El caso de Canadá debería servir como un llamado a la acción para otras naciones. La lucha contra la criminalización, la optimización de los recursos públicos y el fomento de la inversión social son objetivos universales. La modernización de las políticas de cannabis es una herramienta potente para avanzar hacia estos fines.
Hoy, frente a la evidencia y los resultados positivos, es imperativo que más países reconozcan la necesidad de un cambio. Es momento de dejar atrás las políticas fallidas de prohibición y avanzar hacia un futuro más justo, equitativo y progresivo.
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