El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido presionado por el grupo de defensa Last Prisoner Project (LPP) para cumplir con su promesa de liberar a todas las personas encarceladas por delitos federales relacionados con el cannabis; aunque Biden ha tomado algunos pasos importantes en la despenalización del cannabis, como la revisión de las políticas federales y el indulto de miles de personas condenadas por posesión simple de marihuana, aún hay 3,000 personas encarceladas que no han sido liberadas.
En 2022, Biden anunció una política histórica que permitiría indultar a miles de personas condenadas por posesión simple de marihuana a nivel federal, esta medida fue vista como un avance crucial en la reforma de la justicia penal, pero aún quedan pendientes las promesas de liberar a quienes cumplen condenas por delitos relacionados con el cannabis.
Last Prisoner Project y la campaña por la clemencia
Una organización dedicada a liberar a las personas encarceladas por delitos de cannabis ha intensificado su campaña llamada Countdown4Clemency, esta iniciativa busca presionar a Biden para que otorgue indultos adicionales y cumpla con la promesa que realizó a sus votantes y a los defensores de la justicia social. El objetivo de esta campaña es corregir las injusticias pasadas y liberar a quienes siguen encarcelados por un delito que hoy en día es legal en varios estados del país.
Uno de los argumentos principales de LPP es que muchas de las personas encarceladas, en su mayoría de comunidades afroamericanas e hispanas, han sido desproporcionadamente afectadas por las políticas anteriores de la Guerra contra las Drogas; estas personas siguen sufriendo las consecuencias, mientras que la industria del cannabis se ha convertido en un negocio multimillonario en Estados Unidos.
Hasta la fecha, Biden ha concedido indultos a aproximadamente 6,500 personas, pero la promesa completa aún no se ha cumplido; a pesar de los avances en la legalización del cannabis en más de 37 estados para uso medicinal y en 19 para uso recreativo, el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal bajo la Ley de Sustancias Controladas, lo que genera contradicciones legales y dificulta la liberación de todos los prisioneros por delitos de cannabis.
El reto para la administración de Biden es ahora cumplir con esta promesa antes de que termine su mandato; con las elecciones presidenciales en el horizonte, la presión política sigue creciendo, ya que el presidente ha prometido crear un sistema de justicia más equitativo.
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