Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur rechazan legalización del cannabis tras efectiva campaña de grupos opositores

Redactor: Sam Torne 

En los últimos años, la legalización del cannabis ha avanzado significativamente en Estados Unidos, especialmente tras la aprobación del Farm Bill de 2018, que legalizó el «cáñamo» (cannabis con bajos niveles de THC). Este cambio impulsó un mercado nacional de productos derivados del cannabis, como el CBD y el Delta-8. Sin embargo, este progreso ha generado una reacción por parte de grupos anti-legalización que buscan frenar o revertir esta tendencia mediante diversas estrategias legales, políticas y sociales. ​ 

A pesar del apoyo público a favor de la reforma del cannabis y de que numerosos estados han adoptado políticas de legalización completa, los grupos anti-legalización han logrado avances significativos a nivel estatal. En las elecciones de noviembre pasado, tres de los cuatro estados con iniciativas de legalización en la boleta electoral votaron en contra de estas medidas.  

En Florida, una propuesta para legalizar el cannabis recreativo no alcanzó el umbral del 60% necesario para su aprobación, a pesar de que las encuestas previas mostraban un apoyo del 66%. Los opositores centraron su campaña en presentar la iniciativa como un esquema de avaricia corporativa, lo que aparentemente resonó entre los votantes. ​ 

Pausa en la reclasificación federal 

A nivel federal, los esfuerzos para reclasificar el cannabis de la Categoría I a la menos restrictiva Categoría III bajo la Ley de Sustancias Controladas han encontrado obstáculos. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó esta reclasificación, el proceso se ha estancado debido a procedimientos legales y a la influencia de grupos anti-legalización.  

Además, recientes nombramientos en agencias clave, como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), han generado preocupación entre los defensores de la reforma, ya que los nuevos líderes han expresado posturas contrarias a la legalización del cannabis. ​ 

Los grupos anti-legalización también han intensificado sus esfuerzos para influir en la política federal sobre el cannabis. Por ejemplo, la organización Smart Approaches to Marijuana (SAM) ha trabajado activamente para frenar iniciativas como la Ley de Banca Segura y Justa (SAFER Banking Act), diseñada para proporcionar a las empresas legales de cannabis acceso a servicios bancarios esenciales. Además, SAM ha respaldado proyectos de ley que buscan mantener políticas fiscales desfavorables para las empresas de cannabis, como la prohibición de deducciones fiscales habituales, independientemente de la posible reclasificación del cannabis.