Cannabis y justicia social: comunidades y colectivos impulsan el cambio en México

Redacción: Inés Arroyo

En distintas ciudades del país, la ciudadanía se está organizando para exigir una nueva política sobre el cannabis. El reclamo ya no se limita al consumo personal, sino que se extiende al derecho al autocultivo y al reconocimiento de los pueblos que podrían beneficiarse con su producción legal. 

En mayo, miles de personas marcharon en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y otras ciudades para exigir un marco legal justo que respete los derechos de los usuarios y promueva usos terapéuticos, industriales y culturales del cannabis. La protesta más visible fue en la capital, donde colectivos, artistas y activistas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez. Ahí, se realizaron charlas, siembras simbólicas y talleres de autocultivo. 

Uno de los ejes más sólidos de esta movilización es el Plan de Tetecala, originado en Morelos. Esta propuesta fue construida por ejidatarios, colectivos y expertos. Su meta es clara: permitir que comunidades rurales participen en la producción legal de cannabis, bajo un esquema sustentable, con enfoque social y de género. 

Los impulsores del plan buscan abrir una vía legal, segura y rentable para campesinas y campesinos que durante décadas han sido excluidos de los beneficios de los cultivos regulados. Además, el proyecto propone una política pública que respete la autonomía comunitaria y reconozca el conocimiento agronómico local. 

Pese a haber presentado el Plan de Tetecala ante autoridades como la Cofepris y la Presidencia, hasta ahora no han recibido respuesta formal. Aun así, los colectivos siguen promoviendo encuentros y capacitaciones para fortalecer el tejido comunitario y difundir información clave sobre el autocultivo responsable. 

Con estas acciones, la lucha por el cannabis en México ha dejado de ser un tema marginal. Hoy es una causa social que une a usuarios, campesinos, madres con hijos enfermos, científicos y activistas en una demanda común: una legislación justa, equitativa y basada en derechos. 

¿Seguirán las autoridades ignorando esta propuesta colectiva o escucharán, por fin, a quienes ya están construyendo un modelo más justo desde abajo?