Avanza la legalización estatal de la marihuana en EE.UU., pero el conflicto con la ley federal persiste
- RootsLand
- 6 may
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Redacción Marlone Serrano
A días del 20 de abril —fecha emblemática para el activismo cannábico— Estados Unidos presentó un mapa legal fragmentado en torno al consumo de marihuana. Mientras 24 estados y el Distrito de Columbia han legalizado su uso recreativo y medicinal, la normativa federal aún la considera una sustancia ilegal de alto riesgo, lo que genera un complejo entramado jurídico y operativo para usuarios, autoridades y empresas.
A pesar del creciente respaldo estatal, el cannabis sigue clasificado como droga de Lista I por la Administración para el Control de Drogas (DEA), al nivel de sustancias como la heroína. Esta clasificación impide su reconocimiento médico federal, restringe la investigación científica y obstaculiza el acceso del sector cannábico a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias y créditos.
Panorama legal en los estados
La mayoría de los estados han optado por una regulación más permisiva. Según datos recientes de DISA Global Solutions y el Rockefeller Institute of Government, los estados donde el cannabis está plenamente legalizado incluyen California, Nueva York, Colorado y Arizona, entre otros. En estas entidades, la venta, el consumo y el cultivo doméstico están autorizados bajo normas locales.
Sin embargo, otras jurisdicciones han optado por medidas intermedias. Un total de 39 estados permiten el uso medicinal bajo diversas condiciones, mientras que siete han despenalizado parcialmente su posesión, imponiendo multas en lugar de sanciones penales. En contraste, cuatro estados —Idaho, Kansas, Carolina del Sur y Wyoming— mantienen la prohibición total del cannabis en todas sus formas.
Impactos económicos y sociales
El mercado legal de la marihuana generó más de 33 mil millones de dólares en ventas durante 2023, según Cannabis Business Times. No obstante, la falta de regulación federal limita el crecimiento del sector. Muchas empresas operan únicamente en efectivo, lo que eleva los riesgos de seguridad y complica su fiscalización.
Desde el punto de vista penal, la legalización ha reducido drásticamente los arrestos por posesión en los estados que han reformado sus leyes. Un informe de la ACLU indica que, en lugares como Colorado y Washington, los arrestos por cannabis disminuyeron en un 70% en la última década. No obstante, las disparidades raciales persisten: personas afroamericanas y latinas siguen siendo detenidas en mayor proporción que los blancos, incluso en estados con legalización vigente.
Perspectivas para 2025
La discusión continúa en varios frentes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha recomendado reclasificar el cannabis a la Lista III, lo que implicaría un menor control y permitiría su uso médico bajo prescripción. La DEA estudia actualmente esa propuesta.
En paralelo, estados como Florida, Carolina del Norte y Nebraska analizan iniciativas legislativas o ciudadanas para avanzar hacia una legalización más amplia, en una tendencia que parece seguir creciendo a nivel nacional.
A medida que más estados adoptan políticas progresistas sobre cannabis, el debate sobre su regulación federal se vuelve ineludible. El país enfrenta una disyuntiva entre la voluntad de sus ciudadanos expresada en las urnas y un marco legal federal que aún no se actualiza a esa nueva realidad.
